13.02.2026 - 08:19h
Los continuos cortes de luz en Malabo son una prueba irrefutable de la incompetencia y el desdén con el que SEGESA trata a la población. La empresa encargada de distribuir la electricidad no solo ha fallado en cumplir con su obligación básica de garantizar un servicio continuo, sino que además ha impuesto un sufrimiento innecesario y evitables a miles de familias que dependen de la electricidad para sobrevivir. La población de Malabo ya no puede seguir soportando esta indiferencia. SEGESA debe ser responsabilizada y obligada a indemnizar a los afectados.
Cada apagón o corte rotativo es una bofetada para los ciudadanos que pagan religiosamente por un servicio que jamás reciben de forma adecuada. Las pérdidas son enormes, especialmente en el comercio de productos perecederos, que se echan a perder a causa de la incompetencia de SEGESA. La población no puede seguir sufriendo la pérdida de alimentos y medicinas, ni ver cómo sus pequeños negocios se derrumban por algo que no está bajo su control. ¿Cómo puede ser que, después de tantos años de ineficiencia, SEGESA no se vea obligada a pagar por los daños que causa?
Lo más grave de todo esto es la actitud de total desprecio de SEGESA hacia sus usuarios. No hay respuestas, no hay soluciones. Lo que hay es un trato impune y abusivo hacia una población que se ve obligada a tolerar, día tras día, la falta de responsabilidad de quienes tienen la obligación de garantizar el suministro eléctrico. ¿Qué otra empresa pública permitiría que sus clientes sufran pérdidas materiales y que no recibieran ni una sola compensación? La respuesta es clara: ninguna.
El daño no es solo económico. La falta de luz afecta la vida misma de los malabeños. Afecta a los niños que no pueden estudiar, a las familias que no pueden cocinar, a los enfermos que dependen de medicamentos refrigerados. SEGESA está socavando la calidad de vida de los malabeños y debe asumir las consecuencias de este abuso. Ya no basta con promesas vacías. Ni con excusas o dejar entreveer que la responsabilidad recae en Turbogas. Los contratos de suministro son con SEGESA y no Turbogas. No es aceptable seguir esperando por "soluciones a un plazo desconocido". Lo que es urgente es que SEGESA se haga responsable de las pérdidas económicas y materiales de los afectados, y que el gobierno de Guinea Ecuatorial le exija compensar a los ciudadanos de manera justa.
La gente de Malabo no merece seguir viviendo en la oscuridad, ni en la incertidumbre de saber cuándo quedarán nuevamente sin electricidad. SEGESA debe indemnizar a todos los afectados, y el gobierno debe garantizar que esto suceda. Es inaceptable que, en pleno siglo XXI, los ciudadanos se vean sometidos a este nivel de abuso sin ninguna consecuencia para los responsables.



