14.11.2025 - 05:11h
Los recientes cortes de luz y apagones que han afectado a diversas comunidades no son simples fallas técnicas ni accidentes inevitables: son el síntoma visible de un problema más profundo y reiterado. La falta de previsiones, de inversión y de planificación en la infraestructura eléctrica vuelve a poner en evidencia la fragilidad de un sistema que debería ser básico, confiable y seguro.
Cada apagón revela lo mismo: autoridades que reaccionan tarde, empresas que se excusan con comunicados genéricos y ciudadanos que deben improvisar frente a una situación que, lejos de ser excepcional, se repite con preocupante frecuencia. Mientras tanto, el impacto se multiplica: comercios paralizados, clases suspendidas, alimentos dañados, hogares vulnerables en riesgo y hospitales obligados a depender de generadores que no siempre alcanzan.
Es inaceptable que en pleno siglo XXI el suministro eléctrico siga tratándose como un asunto circunstancial, cuando es, en realidad, una columna vertebral del funcionamiento social y económico. No se trata solo de sustituir cables o reparar transformadores después de cada incidente, sino de anticiparse: reforzar la red, modernizar la infraestructura, invertir en mantenimiento preventivo y establecer protocolos claros de comunicación con la ciudadanía.
La imprevisión tiene un coste, y hoy lo pagamos todos. La responsabilidad recae tanto en los organismos reguladores, que deben exigir estándares más estrictos y supervisar su cumplimiento, como en las compañías que gestionan el servicio, cuya obligación es garantizar continuidad y calidad, no apenas responder a emergencias.
Los apagones no deberían sorprendernos si seguimos actuando como si fueran inevitables. Lo verdaderamente inevitable será su repetición mientras no se adopte una visión a largo plazo. Es hora de que Segesa ilumine el camino con hechos y no con promesas. Porque un país que vive entre sombras no puede avanzar.



27.11.2025 | 08:47h