10.02.2026 - 11:10h
Las declaraciones cruzadas entre el ministro de Justicia y su director general han abierto una nueva grieta en el presunto caso de corrupción que sacude al sistema judicial de Guinea Ecuatorial. La investigación de la Gendarmería Nacional sobre el presunto soborno al Juez de Instrucción Número 3 de Malabo, Cristino Mengue, ha entrado en una fase clave tras las declaraciones del ministro de Justicia, Reginaldo Biyogo Ndong Anguesomo, y de su director general, Severo Mba Ondo.
Según los investigadores, el ministro reconoció haber recibido 7.500.000 francos CFA de la empresa Martínez Hermanos por medio de su intermediario. Reginaldo Biyogo sostiene que ese dinero no lo percibió en calidad de autoridad, sino como profesional del derecho, una explicación que la Gendarmería considera incompatible con el ejercicio simultáneo de funciones ministeriales y privadas.
Esta versión, además, se ve debilitada por el testimonio del director general de Justicia, quien ofreció un relato detallado del reparto del dinero. “El ministro llevó cinco millones, yo me quedé con dos millones y entregué quinientos mil al abogado”, declaró Severo Mba Ondo ante los investigadores, contradiciendo la explicación de su superior.
El origen del caso se remonta a un encuentro entre representantes de la empresa Martínez Hermanos y el ministro de Justicia, en el que se abordó la situación de un ciudadano residente en el exterior que estaría difamando a la firma y a sus directivos. Posteriormente, la empresa presentó una denuncia ante la Gendarmería de Malabo, que fue remitida al Juzgado de Instrucción Nº 3.
De acuerdo con la investigación, el presunto intento de soborno se produjo cuando el ministro habría enviado a su director general a contactar con el juez para acelerar el trámite del expediente. “Fui a ver al juez por orden del ministro para que enviara rápidamente el caso Martínez. Luego me indicó que le entregara un millón como incentivo, dinero que me dio él mismo”, afirmó Severo Mba Ondo en su declaración del 30 de enero.
Sin embargo, el Juez de Instrucción Nº 3 alertó a la policía, lo que desembocó en la detención del director general y en la apertura de una investigación que ahora pone bajo escrutinio directo la actuación del propio ministro de Justicia.


