El Consejo de Gestión de la CAADP aprueba nuevas medidas estratégicas para la sostenibilidad de la deuda pública

La aprobación de un paquete de medidas técnicas y la creación de un comité especializado apunta a una estrategia más rigurosa y transparente en la gestión del endeudamiento del país.

Mientras la sostenibilidad de la deuda se ha convertido en un indicador clave de estabilidad macroeconómica, Guinea Ecuatorial refuerza su arquitectura institucional para el control de la deuda pública. El Consejo de Gestión de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública (CAADP) celebró el 3 de diciembre una asamblea extraordinaria presidida por el ministro de Hacienda, Iván Bakale Ebee Molina, con el objetivo central de revisar el estado del endeudamiento a septiembre de 2025 y aprobar nuevas líneas de acción destinadas a mejorar su gestión.

 

El informe presentado por el director general de la CAADP, Rubén Edjang Bibang Oyana, confirma que el país mantiene un nivel de deuda del 32,1% del PIB, muy por debajo del umbral de referencia de la CEMAC y del FMI, lo que sitúa a Guinea Ecuatorial entre los países de menor endeudamiento de la subregión. En un escenario donde los países africanos enfrentan crecientes presiones por la depreciación de monedas, la reducción del espacio fiscal y el impacto de ciclos de materias primas, esta posición ofrece cierto margen de maniobra.

 

Un dato relevante es la composición del endeudamiento: 79,2% corresponde a deuda interna, lo que reduce la exposición a riesgos cambiarios pero exige mayor disciplina fiscal interna; mientras, la deuda externa, del 20,8%, sigue siendo moderada y menos vulnerable en un entorno de tasas internacionales más volátiles.

 

El tercer trimestre consolidó la tendencia descendente en la deuda absoluta, un indicador significativo para valorar la capacidad de pago y cumplimiento de las reglas de convergencia regionales.

 

El balance de ejecución de los mandatos anteriores muestra avances en áreas cruciales: recuperación de deuda a favor del Estado, identificación de pasivos de organismos públicos y reactivación de servicios administrativos en Bata. Estos pasos apuntan a un proceso de “saneamiento silencioso” de la deuda interna, donde el desafío reside en mejorar los registros y cuantificar con precisión las obligaciones de entidades estatales, tradicionalmente poco transparentes.

 

La actualización normativa anunciada representa otro eje relevante: a medida que los organismos financieros internacionales exigen estándares más altos de reporte, el marco legal y procedimental debe evolucionar para asegurar consistencia estadística y disciplina fiscal.

 

Uno de los anuncios más estratégicos fue la propuesta de crear un Comité Técnico Nacional de Análisis y Validación de Datos Estadísticos de la Deuda Pública, un órgano que dotaría al país de un mecanismo interno de verificación antes de la publicación del futuro Boletín Estadístico de la Deuda Pública previsto para 2026.

 

En términos de gobernanza financiera, esta es una señal clara hacia una mayor transparencia y credibilidad: disponer de estadísticas revisadas, comparables y auditadas es fundamental tanto para los mercados como para los socios multilaterales.

 

Las decisiones adoptadas por unanimidad reflejan la intención del Gobierno de reforzar la institucionalidad fiscal en un momento en que el país enfrenta el reto de diversificar su economía y adaptarse a un horizonte post-petróleo. La mejora de la gestión de la deuda se convierte en un componente crítico de esta transición: mantener bajos niveles de endeudamiento permite acceso más flexible al financiamiento futuro, especialmente para proyectos de infraestructura y programas de desarrollo económico.

 

Más allá de los indicadores técnicos, la asamblea extraordinaria del CAADP asegura que Guinea Ecuatorial busca alinearse con estándares internacionales de transparencia, disciplina fiscal y rendición de cuentas, pilares esenciales para fortalecer la confianza de inversores, socios multilaterales y agencias de calificación.