Seis años de prisión para Ruslán Obiang por la venta ilícita del avión ATR de Ceiba

La Audiencia Provincial de Bioko Norte ha dictado este martes sentencia en el mediático caso de la venta ilícita del avión ATR 72-500 de Ceiba Intercontinental.

El tribunal condena a Ruslán Obiang Nsue, ex director general adjunto de la aerolínea, a seis años y un día de prisión mayor, además de imponerle fuertes sanciones económicas y la obligación de reembolsar a la compañía más de 144 millones de francos CFA.

El sumario 113/2023, procedente del Juzgado de Instrucción nº 3 de Malabo, se convirtió en uno de los expedientes más seguidos de la jurisdicción penal en 2024.
Durante las vistas orales de agosto de ese año, el propio procesado reconoció haber vendido el avión en Canarias por 250.000 euros (164 millones de francos CFA). Sin embargo, solo ingresó en su cuenta personal 125.000 euros, alegando que la otra mitad quedó bloqueada por un embargo en la cuenta oficial de Ceiba.

Las investigaciones del tribunal concluyeron que, además, Obiang Nsue manejó fondos de la aerolínea por más de 144,2 millones de francos CFA cuyo destino no logró justificar de manera adecuada. Las facturas y listados presentados no convencieron a los jueces.

En base a los hechos, la Audiencia Provincial resolvió: Seis años y un día de prisión mayor por abuso de bienes de interés general; Reembolso de 144,2 millones de francos CFA a Ceiba Intercontinental; Pago de una indemnización de 14,4 millones de francos CFA y de una multa de 5 millones de francos CFA a favor del Estado. No obstante, el tribunal decretó la suspensión de la ejecución de las penas, siempre que el acusado cumpla con las responsabilidades civiles impuestas.

En cuanto a los delitos de malversación de caudales públicos y abuso de funciones, Ruslán Obiang fue absuelto. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante la Corte Suprema de Justicia.

El proceso judicial por la venta del ATR de Ceiba Intercontinental se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la corrupción y la mala gestión de bienes públicos en Guinea Ecuatorial.
El fallo, aunque recurrible, marca un precedente jurídico y político en la aplicación de la Ley de Prevención y Lucha contra la Corrupción y en la gestión de empresas estatales.