17.09.2025 - 09:49h
Hoy en día, cualquier ciudadano de Guinea Ecuatorial, con un teléfono móvil lanza al ciberespacio una acusación sin pruebas, un rumor dañino o un mensaje cargado de odio, tal es el caso reciente de un video que circula en las redes sociales, donde posiblemente se confunde a un directivo del centro CANIGE con mantener una relación íntima con una persona del mismo sexo, y los reenvíos han llegado a casi todos.
Lo que antes quedaba en conversaciones privadas, ahora se convierte en contenido viral que, en cuestión de horas, puede destruir reputaciones, dividir comunidades e incluso alterar la paz social.
La libertad de expresión es un derecho fundamental que debemos proteger con firmeza, pero no podemos confundirla con el libertinaje digital. La frontera entre opinar y difamar, entre criticar y promover odio, es clara: el derecho de cada ciudadano termina donde empieza el derecho del prójimo a la dignidad, a la honra y a la verdad.
Ésta libertad de expresión está reconocida en el artículo 13 de la Ley Fundamental de la República de Guinea Ecuatorial, léase el artículo 13…
Por tanto daño al prójimo, discursos de odios, difamación, fake News, etc, pienso que, es urgente que Guinea Ecuatorial avance hacia una legislación moderna y equilibrada que regule el uso de las redes sociales. No se trata de censura, sino de responsabilidad. Una ley de este tipo debe definir con claridad qué constituye difamación, discurso de odio o información falsa; debe establecer mecanismos de denuncia y sanciones proporcionadas; y, sobre todo, debe garantizar que la protección frente a los abusos no implique la limitación de la crítica legítima ni del debate porque somos un País democrático.
Otros países ya han tomado medidas en este sentido. Nigeria aprobó en 2019 una ley contra la difusión de noticias falsas y contenidos que inciten al odio en internet.
Ruanda incluyó en su código penal sanciones para quienes difundan información dañina a través de plataformas digitales.
En Kenia, la Ley de Delitos Informáticos (2018) contempla penas para el ciberacoso y la publicación de noticias falsas. Incluso fuera de África, en Alemania, la Ley de Cumplimiento en Redes (NetzDG) obliga a empresas como Facebook o Twitter a retirar en menos de 24 horas contenidos ilegales, bajo riesgo de fuertes multas.
Estos ejemplos muestran que la preocupación por los excesos en internet no es exclusiva de nuestro país. Se trata de una tendencia global en la que Guinea Ecuatorial no puede quedarse atrás.
La experiencia internacional demuestra que es posible legislar sin limitar derechos fundamentales. Una futura ley en Guinea Ecuatorial debería establecer qué se entiende por difamación digital, cómo se identifican las noticias falsas y qué sanciones corresponden a quienes usan las plataformas para dañar. Al mismo tiempo, debería garantizar mecanismos de denuncia ágiles y transparentes, evitando cualquier abuso de poder.
Pero la regulación, por sí sola, no basta. También es imprescindible educar a los usuarios. Enseñar a los más jóvenes a distinguir entre información verificada y bulos, y fomentar una cultura digital basada en el respeto y la responsabilidad, son pasos clave para que las redes sociales se conviertan en un espacio constructivo y no en un campo de batalla.
En definitiva, Las redes sociales pueden ser una herramienta para el progreso, la participación ciudadana y el acceso a la información. Pero, si no se regulan, todos sin excepción, corremos el riesgo de que se conviertan en el altavoz de la difamación y la manipulación. La tarea es clara: defender la libertad, sí, pero con responsabilidad.
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