Los motivos de la suspensión del Director de Tráfico y sus delegados provinciales

Apuntan a un mecanismo irregular de impresión y distribución de permisos de conducir tipo «B», en una imprenta privada supuestamente vinculada a ellos.

 Teodoro Nguema Obiang Mangue ha ordenado la suspensión inmediata del Director General de Tráfico y de varios delegados provinciales tras detectarse presuntas irregularidades graves en el sistema de expedición de permisos de conducir.

 

La decisión se fundamenta en un informe preliminar elaborado por la Gendarmería Nacional, que apunta a la existencia de un mecanismo irregular en la impresión y distribución de licencias de conducir, especialmente de tipo «B». Según dicho informe, los responsables habrían recurrido a una imprenta privada supuestamente vinculada a ellos, al margen de los canales oficiales establecidos por la administración pública.

 

Uno de los principales motivos de la suspensión radica en la falta de registros oficiales fiables sobre la producción de permisos entre 2021 y 2025. A pesar de ello, las investigaciones han identificado la emisión de al menos 947 licencias en las ciudades de Malabo y Bata, lo que evidencia una gestión opaca y fuera del control institucional.

 

El origen de esta práctica se sitúa en el año 2021, cuando la Dirección General de Tráfico solicitó autorización, a través del Ministerio del Interior, al entonces Primer Ministro Pascual Obama Asue, para emitir permisos con una validez reducida de un año. Aunque la medida fue aprobada, las pesquisas indican que posteriormente se desvió el proceso hacia circuitos no oficiales, utilizando imprentas privadas y omitiendo el registro obligatorio en la Tesorería General.

 

Otro de los elementos clave que ha motivado la suspensión es la presunta existencia de un esquema de lucro irregular. En Malabo, el grupo implicado integrado por el Director General, un delegado y una secretaria habría gestionado de forma paralela la producción de permisos, adquiriendo cada documento por unos 5.000 francos CFA y revendiendo hasta por 35.000, generando beneficios que, según las sospechas, no fueron íntegramente ingresados en el Tesoro Público.

 

En la región continental, concretamente en Bata, el modelo habría sido aún más grave, ya que el delegado regional y su equipo presuntamente habrían retenido la totalidad de los ingresos derivados de estas operaciones, alcanzando cifras millonarias.

 

A pesar de que los implicados sostienen haber realizado aportaciones al Tesoro, las autoridades han ordenado una verificación exhaustiva de todas las transacciones financieras. Tanto la Gendarmería Nacional como la Tesorería General han sido instruidas para esclarecer el destino de los fondos y determinar posibles responsabilidades.

 

Como consecuencia de estos indicios, el Ejecutivo ha adoptado medidas cautelares contundentes: la suspensión inmediata de todos los implicados, así como la paralización de sus salarios, mientras avanzan las investigaciones. Estas acciones buscan garantizar la transparencia del proceso y depurar responsabilidades dentro de la administración pública.