INSESO bajo investigación: ¿Quién responde por el supuesto desvío de 7.000 millones de XFA?

El supuesto escándalo financiero en el Instituto de Seguridad Social  ha abierto una crisis de gestión pública recientes tras revelarse irregularidades que superan los 7.000 millones de francos xfa.

La auditoría externa realizada por Deloitte , correspondiente al ejercicio 2025, ha puesto al descubierto un sistema marcado por graves deficiencias administrativas, ausencia de controles eficaces y un manejo opaco de los recursos públicos, según informó el gabinete de prensa de la Vicepresidencia de la República. La pregunta que ahora domina el debate es clara: ¿quién asume la responsabilidad?

 

El informe fue presentado este jueves en el Palacio del Pueblo de Malabo, en una reunión presidida por el vicepresidente de la República, con la participación de miembros del Gobierno y responsables del INSESO.

 

Entre los hallazgos más relevantes destaca la adjudicación de obras a una empresa constructora por más de 1.280 millones de francos CFA sin la formalización de contratos, así como pagos mensuales de 5 millones de francos CFA a una firma de abogados externa por servicios que ya cubre el personal interno del instituto.

 

El informe también señala desviaciones presupuestarias significativas, como la compra de 28 vehículos cuyo coste pasó de 280 millones a 1.381 millones de francos CFA, sin documentación que confirme su incorporación al patrimonio del INSESO.

 

A ello se suma la adquisición de medicamentos por más de 3.152 millones de francos CFA sin respaldo documental, así como la desaparición de una unidad médica móvil valorada en 328 millones, cuyo paradero sigue sin conocerse.

 

La auditoría identifica problemas estructurales que van más allá de casos aislados. La existencia de hasta 30 cuentas bancarias a nombre del INSESO refleja una falta de control financiero, mientras que la presencia de empleados sin contrato o sin cualificación adecuada evidencia debilidades en la gestión administrativa.

 

En el ámbito tecnológico, pese a inversiones millonarias en sistemas de digitalización, gran parte de los procesos continúa realizándose de forma manual o mediante hojas de cálculo, lo que limita la transparencia y facilita errores o manipulaciones.

 

Aunque el informe no señala culpables concretos, apunta a una cadena de responsabilidades que incluye a la antigua dirección del INSESO, responsables financieros, encargados de contratación y supervisión administrativa.

 

Expertos consultados coinciden en que los hechos podrían responder tanto a una mala gestión sistemática como a posibles prácticas de corrupción, extremo que deberá determinar la investigación en curso.

 

Tras conocer los resultados, el vicepresidente ordenó a la Gendarmería Nacional abrir una investigación para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades. Asimismo, concedió un plazo de tres meses a la nueva directiva del INSESO para implementar un plan de corrección basado en las recomendaciones de la auditoría.

 

Nguema Obiang Mangue calificó la situación de “inaceptable” y subrayó que los recursos del sistema deben destinarse exclusivamente al bienestar de los asegurados.

 

Mientras avanza la investigación, el futuro del INSESO queda condicionado a su capacidad para corregir las deficiencias detectadas y recuperar la confianza de los ciudadanos en una institución clave para la protección social.