Irresponsabilidad compartida

Gobierno y empresas suministradoras no acaban de dar con la tecla para resolver el repetido problema del combustible

La repetida escasez de carburantes revela un fracaso compartido entre el Estado y las empresas suministradoras, mientras los ciudadanos siguen pagando el precio de una crisis que ya no puede calificarse de excepcional.

 

En Guinea Ecuatorial, la escasez de combustible ha dejado de ser un episodio aislado para convertirse en un problema recurrente. Cada cierto tiempo, las largas colas reaparecen en las estaciones de servicio, el transporte se paraliza, la actividad económica se ralentiza y miles de ciudadanos vuelven a enfrentarse a la incertidumbre de no saber cuándo podrán repostar. Lo más preocupante no es que ocurra, sino que ocurra una y otra vez sin que nadie asuma responsabilidades.

 

 

Ayer el Primer Ministro Osa Nsue convocó a las empresas Gepetrol Servicios, Tradex y Total Energies, encargadas del suministro de combustible y derivados en el país. Ante la exigencia de que restablecieran la normalidad en las estaciones de servicio y de que no haya trascendido el motivo del problema, lo que pareció verse era una sintonía entre los reunidos de que se debe reestablecer el suministro. ¿Pero acaso no lo sabían? ¿No es su deber u obligación? La población necesita combistible y no compromisos (como ayer se ilustró en la televisión pública con los representantes de las tres empresas).

 

La responsabilidad es compartida. El Gobierno tiene el deber de garantizar la continuidad de un suministro estratégico para el funcionamiento del país. Ello implica una planificación rigurosa, una supervisión eficaz de la cadena de distribución y la capacidad de anticiparse a cualquier interrupción. Cuando las crisis se repiten con tanta frecuencia, dejan de ser accidentes para convertirse en evidencia de fallos estructurales de gestión.

 

Pero las empresas suministradoras tampoco pueden eludir su parte de responsabilidad. Administrar un servicio esencial que exige previsión, capacidad logística y un firme compromiso con los consumidores. Si existen problemas de importación, almacenamiento, distribución o planificación, estos deben resolverse antes de que el ciudadano se encuentre con surtidores vacíos. La confianza pública también depende del grado de profesionalidad con el que actúan quienes operan un sector tan sensible.

 

Mientras tanto, quienes soportan las consecuencias son los ciudadanos, los taxistas, los transportistas, los pequeños comerciantes y las empresas que ven alterada su actividad por una crisis que parece no tener solución definitiva. Cada jornada perdida representa menos ingresos, mayores costes y un deterioro adicional de la confianza en las instituciones y en los operadores del sector.

 

La repetición de esta situación demuestra que no bastan reuniones ocasionales ni promesas de normalización. Lo que el país necesita es un sistema de abastecimiento resiliente, transparente y sometido a mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas. La población tiene derecho a conocer las causas reales de estas crisis y las medidas adoptadas para impedir que vuelvan a producirse.

 

La escasez de combustible ya no puede seguir tratándose como una simple dificultad logística. Es un problema de gobernanza, planificación y responsabilidad compartida. Mientras Gobierno y empresas continúen trasladándose mutuamente la carga de las explicaciones, será la ciudadanía quien siga soportando las consecuencias de una crisis que, por repetida, ha dejado de ser inevitable para convertirse en inaceptable.