La corrupción pondrá a prueba al nuevo Gobierno

La disolución del Gobierno abre una oportunidad para demostrar que la lucha contra la corrupción va más allá de los discursos y las promesas.

"No podemos mantener a un equipo que no aporta el dinamismo que necesita nuestro pueblo", ese es el titular con el que nos acostamos ayer y amanecemos hoy. Lo pronunció el propio Jefe de Estado Obiang Nguema Mabasogo. Esa expresión puede marcar un antes y un después para el nuevo ejecutivo -en su conjunto-.

 

La disolución del Gobierno de Guinea Ecuatorial anunciada en la tarde de ayer, constituye uno de los movimientos políticos más significativos de los últimos meses. Más allá de la habitual lectura administrativa que acompaña a estos cambios, la decisión se produce en un momento particularmente delicado para la credibilidad de las instituciones públicas, golpeadas por una sucesión de escándalos, investigaciones y denuncias de corrupción que han afectado a diversos organismos del Estado y han puesto bajo sospecha la capacidad de control de la propia Administración.

 

La salida del Ejecutivo no puede interpretarse únicamente como un relevo de nombres o una reconfiguración de responsabilidades. Es, ante todo, el reconocimiento de que existe un profundo problema de confianza entre los ciudadanos y quienes administran los recursos públicos. Durante demasiado tiempo, las noticias sobre presuntas malversaciones, enriquecimientos ilícitos, abusos de poder y prácticas alejadas de la ética pública han ocupado espacios que deberían estar reservados a los logros de la gestión gubernamental. De allí que sólo se haya cumplido el 10% de las metas fijadas. Una burla. Una decepción. El ejecutivo hace la misma lectura.

 

La corrupción no es únicamente un delito económico. Es una enfermedad institucional que debilita el Estado, encarece los servicios públicos, frena el desarrollo y destruye la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes. Cada franco desviado de su propósito legítimo es un recurso menos para hospitales, escuelas, carreteras o programas sociales. Por ello, la gravedad del problema exige respuestas extraordinarias.

 

El nuevo Gobierno que surja de esta disolución tendrá desde el primer día una misión clara: convencer al país de que esta renovación no es un simple ejercicio cosmético. La ciudadanía espera algo más que nuevos ministros ocupando antiguos despachos. Espera una nueva manera de gobernar, una nueva cultura de responsabilidad y una voluntad inequívoca de poner fin a la impunidad.

 

En este contexto, la implementación efectiva del anunciado plan nacional anticorrupción deja de ser una opción para convertirse en una necesidad política y moral. No bastan los comunicados oficiales ni las declaraciones de buenas intenciones. Lo que reclama la población son medidas concretas: auditorías rigurosas, controles permanentes sobre la gestión de los fondos públicos, fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización y, sobre todo, consecuencias reales para quienes hayan utilizado sus cargos para enriquecerse ilícitamente.

 

La lucha contra la corrupción será creíble únicamente cuando deje de distinguir entre funcionarios menores y altos responsables. El verdadero compromiso se demostrará cuando las investigaciones alcancen a todos los niveles de la Administración sin excepciones, favoritismos ni protecciones políticas. La ley debe ser igual para todos si se quiere recuperar la confianza perdida.

 

También será necesario que el nuevo Ejecutivo comprenda que la transparencia no puede seguir siendo una asignatura pendiente. Una Administración abierta, que rinda cuentas de manera periódica -de la que por cierto hacía mención el Vicepresidente ayer en X- y facilite el acceso a la información pública, constituye uno de los mejores antídotos contra las prácticas corruptas.

 

La disolución del Gobierno representa, por tanto, una oportunidad. Una oportunidad para corregir errores, depurar responsabilidades y reconstruir la confianza ciudadana. Pero también representa un riesgo. El riesgo de que todo cambie para que nada cambie. Guinea Ecuatorial no necesita únicamente un nuevo Gobierno. Necesita un Gobierno nuevo en su forma de entender el servicio público.

 

Los ciudadanos observarán con atención los próximos nombramientos, pero juzgarán sobre todo las acciones que vengan después. Porque ha llegado el momento en que los hechos deben sustituir a las promesas y las reformas deben sustituir a los discursos.

 

La lucha contra la corrupción ya no puede esperar. El nuevo Ejecutivo tiene la responsabilidad histórica de demostrar que esta disolución marca el inicio de una nueva etapa y no simplemente el comienzo de otro ciclo de decepciones.