La vergüenza de la imprevisión

Casi una semana de desabastecimiento y silencio institucional evidencia un problema recurrente que el Gobierno sigue sin resolver.

Hay situaciones que dejan de ser simples contratiempos para convertirse en la evidencia de un fracaso de gestión. La falta de combustible que afecta a Malabo desde hace cerca de una semana es una de ellas. Lo verdaderamente preocupante no es solo la escasez, sino que vuelva a repetirse cada pocos meses sin que las autoridades competentes hayan conseguido ofrecer una solución duradera.

 

Guinea Ecuatorial, un país productor de petróleo, vuelve a enfrentarse a la paradoja de no garantizar con normalidad el suministro de combustible. Una contradicción que interpela directamente a los responsables de la planificación energética, la distribución y la supervisión del mercado.

 

Mientras los ciudadanos buscan combustible para desplazarse, los transportistas afrontan dificultades y la actividad económica sufre las consecuencias, las instituciones competentes mantienen un preocupante hermetismo. La población desconoce las causas concretas de la crisis, las medidas adoptadas y las previsiones para recuperar la normalidad.

 

¿Es esta la capacidad de respuesta que cabe esperar de una Administración pública ante un problema que se repite con semejante frecuencia?

 

Cuando una crisis aparece de manera recurrente, deja de ser razonable tratarla como un acontecimiento inesperado. La repetición obliga a cuestionar la eficacia de los mecanismos de previsión, la coordinación entre los organismos responsables y la existencia de planes de contingencia capaces de evitar que las dificultades de suministro terminen afectando a toda una ciudad.

 

Si existen problemas logísticos, comerciales o de distribución, corresponde a las autoridades identificarlos y corregirlos. Lo inadmisible es que la población continúe soportando las consecuencias sin explicaciones convincentes ni garantías de que la situación no volverá a repetirse.

 

Pero hay algo igualmente censurable: el silencio institucional. Informar a la ciudadanía no es una concesión del poder, sino una obligación de quienes administran los asuntos públicos. En circunstancias como esta, guardar silencio alimenta los rumores, multiplica la incertidumbre y deteriora la confianza en las instituciones.

 

El Gobierno debe dar la cara. No basta con restablecer el suministro cuando la crisis alcanza dimensiones insoportables. Es necesario explicar qué ha fallado, qué responsabilidades corresponden a cada organismo y qué medidas estructurales se adoptarán para evitar nuevos episodios de desabastecimiento.

 

La riqueza petrolera no garantiza por sí sola el bienestar de una nación. Hace falta capacidad de gestión para transformar los recursos disponibles en servicios fiables para la población.

 

Malabo no puede seguir pagando el precio de la improvisación. Los ciudadanos necesitan combustible, pero también respuestas, transparencia y una Administración capaz de aprender de sus propios errores.

 

Cuando un problema se repite cada pocos meses y las instituciones siguen sin ofrecer una solución definitiva, la pregunta ya no es cuándo llegará el combustible, sino cuándo llegará la previsión que tanto necesita el país.