El precio del petróleo no puede ser el comodín de la mala gestión

La caída del crudo explica parte de la crisis de las cuentas públicas, pero no puede convertirse en la razón para ocultar los problemas de gestión, control y corrupción.

La comparecencia del Primer Ministro, Manuel Osa Nsue, ayer ante la Cámara de los Diputados para presentar la liquidación presupuestaria de 2025, la ejecución del ejercicio 2026 y el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2027 debía ser algo más que un ejercicio de cifras. Debía constituir también una oportunidad para hacer balance, asumir responsabilidades y explicar al país dónde se ha perdido el dinero público.

 

Osá sostiene que la economía nacional atraviesa una etapa de transición marcada por el descenso estructural de la producción de hidrocarburos y por unos precios internacionales del crudo inferiores a los de ejercicios anteriores. Los datos oficiales efectivamente muestran una fuerte dependencia de los ingresos petroleros: en 2025 representaron 929.512 millones de francos CFA de los 1,213 billones recaudados.

 

Pero ahí comienza, precisamente, la parte incómoda del debate.

 

¿Cuánto dinero ha dejado de ingresar el Estado por una mala gestión? ¿Cuánto se ha perdido por corrupción, sobrecostes, contrataciones deficientemente controladas, exoneraciones, evasión o prácticas irregulares? ¿Cuánto patrimonio público se ha desviado de su finalidad?

 

La presentación oficial no ofrece una respuesta cuantificada a estas preguntas.Y ese silencio es demasiado importante como para ignorarlo.

 

La caída del petróleo es una realidad económica. Pero convertirla en explicación casi universal de las dificultades financieras del Estado corre el riesgo de reducir un problema complejo a una sola variable externa. Guinea Ecuatorial lleva años sabiendo que sus hidrocarburos no son infinitos. De hecho, ya en la presentación presupuestaria de 2026 el propio Gobierno reconocía la necesidad de reducir la vulnerabilidad derivada de unos ingresos petroleros estructuralmente menores.

 

Por tanto, la pregunta ya no es solamente cuánto ha bajado el petróleo.

 

La pregunta es qué se hizo durante los años de abundancia para proteger las arcas públicas, diversificar realmente la economía y construir instituciones capaces de controlar el dinero de todos.

 

Ahí es donde la autocrítica resulta imprescindible.

 

El Gobierno presenta para 2027 un presupuesto equilibrado de 1.119.725 millones de francos CFA, con 813.163 millones previstos de ingresos petroleros y 306.563 millones de ingresos no petroleros. Son cifras que permiten conocer la arquitectura financiera del próximo ejercicio, pero no necesariamente explican la eficiencia con la que se han utilizado los recursos durante los ejercicios anteriores.

 

Porque la liquidación presupuestaria no debería ser únicamente una contabilidad de entradas y salidas. Debería ser también una radiografía de la responsabilidad pública.

 

Si hubo corrupción, ¿cuánto costó?

Si hubo proyectos sobrefacturados, ¿cuánto dinero representaron?

Si hubo fondos públicos indebidamente utilizados, ¿cuánto se recuperó?

Si existieron funcionarios o empresas que perjudicaron económicamente al Estado, ¿qué medidas se adoptaron?

Y, sobre todo, ¿qué mecanismos concretos impedirán que vuelva a suceder?

 

Estas preguntas no son una acusación contra nadie en particular. Son preguntas elementales de rendición de cuentas en cualquier Estado que pretenda fortalecer sus finanzas públicas- recordemos que venimos de una reciente remodelación del ejecutivo que se disolvió por falta de resultados (o lo.que es lo mismo, por incompetencia), solo peodujeron el 10%. Todo, sumado al panorama dosolador de los últimos escándalos de desvíos sistemáticos de fondos públicos destapados por el programa aticorrupción que el encargado de la Coordinación Administrativa ha preferido obviar.

 

Resulta significativo, además, que en septiembre el propio Ministerio de Hacienda informara de que una misión técnica del Fondo Monetario Internacional había evaluado la ejecución presupuestaria y las perspectivas fiscales, incluyendo los avances en materia de transparencia en el sector petrolero. El Ministerio anunció que el correspondiente informe sobre transparencia estaba previsto para diciembre.

 

La transparencia, por tanto, no puede limitarse a presentar grandes cifras ante el Parlamento.Transparencia significa explicar también las pérdidas.

 

Guinea Ecuatorial necesita saber cuánto cuesta realmente la corrupción al Estado. Necesita conocer cuánto dinero público se pierde por ineficiencia y cuánto por prácticas ilícitas. Necesita distinguir entre el dinero que no llega porque el petróleo produce menos y el dinero que no llega —o que llega y desaparece— por fallos humanos, administrativos o institucionales.

 

Porque responsabilizar exclusivamente al precio del crudo puede resultar cómodo, pero no necesariamente suficiente.

 

El petróleo no decide cómo se adjudica un contrato.

El petróleo no firma una factura.

El petróleo no concede una exoneración.

El petróleo no controla una obra pública.

El petróleo no administra una empresa estatal.

Son las personas y las instituciones las que lo hacen.

 

Y, por eso mismo, son también las personas y las instituciones las que deben responder cuando los recursos públicos no producen los resultados esperados.

 

El nuevo presupuesto habla de diversificación económica, apoyo al sector privado, emprendimiento, mejora de la recaudación, trazabilidad y reformas administrativas. Son objetivos que el país necesita. Pero la verdadera prueba estará en la ejecución y, sobre todo, en la capacidad del Estado para aprender de sus propios errores.

 

Guinea Ecuatorial no necesita solamente un presupuesto equilibrado sobre el papel. Necesita unas cuentas públicas capaces de explicar dónde estuvo el dinero, cómo se gastó, qué resultados produjo y quién responde cuando esos resultados no aparecen.

 

El Parlamento tiene ante sí una oportunidad que va mucho más allá de aprobar unas cifras. Puede preguntar cuánto ha costado la corrupción, cuánto se ha recuperado y qué controles han fallado.

 

Porque mientras el Gobierno mire hacia el precio del barril sin mirar suficientemente hacia dentro, seguirá faltando una pieza fundamental del diagnóstico económico nacional:

 

Y sin autocrítica, ningún presupuesto puede convertirse verdaderamente en una lección de buena administración.