Que nadie entre en el poder sin enseñar lo que tiene

Declarar el patrimonio no es una sospecha contra el funcionario: es una obligación de transparencia.

El Tribunal de Cuentas y la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción deben convertir la declaración patrimonial en un verdadero instrumento de control público.

 

Hemos vivido otra nueva remodelación de un nuevo Gobierno, después de que se disolviera el anterior por falta de producir resultados tangibles (sólo el 10%, según la Presidencia de la República). Unos han abandonado el ejecutivo y otros han entrado por por primera vez; además de los que, simplemente,  han cambiado de  carteras o departamentos.

 

A todo ellos, hay una pregunta que Guinea Ecuatorial debería empezar a formularse con absoluta naturalidad: ¿con qué patrimonio entra un servidor público en el ejercicio de su cargo y con qué patrimonio sale?

 

Ésta semana hemos vivido la última escena de jura de cargos de los Directores Generales, después de que los hicieran hace meses, los ministros y de más miebros de Gobierno. No se trata de perseguir, tampoco de convertir la función pública en un tribunal permanente de sospechas. Se trata, sencillamente, de establecer una frontera clara entre el patrimonio legítimamente adquirido y el enriquecimiento que pudiera producirse al amparo del poder.

 

La declaración de bienes patrimoniales no debería ser una formalidad administrativa que duerme en algún expediente. Debe convertirse en una herramienta efectiva de prevención, control y rendición de cuentas.

 

La propia Ley Fundamental contempla la obligación de que las personalidades del Estado y los empleados públicos declaren sus bienes patrimoniales antes de ejercer las funciones para las que han sido designados. La legislación anticorrupción también establece un régimen de declaraciones de patrimonio e intereses destinado, entre otras cosas, a detectar variaciones patrimoniales significativas e injustificadas y posibles conflictos de intereses.

 

Desde IMPERIO, pensamos que el Plan de Lucha contra la Corrupción que actualmente pilota el Vicepresidente de la República, Teodoro Nguema Obiang Mangué, y que ha destapado cientos de tramas corruptas en el seno de la Adminisyraci?n Pública, debería otra vez poner énfasis en el aspecto de deckaración patrimonial, para así poder detectar fácilmente posibles enriquecimientos ilícitos de los.que están llamados a administrar la cosa pública.

 

El patrimonio debe hablar

 

Un ministro, un alto funcionario, un parlamentario, un magistrado o cualquier otra persona sometida legalmente a esta obligación debería entrar en su responsabilidad pública dejando constancia de su situación patrimonial.

 

Y debería hacerlo nuevamente cuando abandone el cargo.

 

La comparación entre el patrimonio inicial y el patrimonio final permitiría establecer una herramienta elemental de transparencia: qué tenía antes de administrar recursos públicos y qué tiene después.

 

El Ministerio de Hacienda y Presupuestos publicó en 2022 el formulario de Declaración de Patrimonio e Intereses, que contempla inmuebles, vehículos, activos situados en el extranjero, acciones, participaciones societarias, derechos y pasivos, entre otros elementos. Es decir, el instrumento existe.

 

Lo que hace falta es que el sistema deje de depender de la voluntad individual y se convierta en un mecanismo institucional de control.

 

El Tribunal de Cuentas no puede mirar desde la grada

 

Aquí debe entrar en escena el Tribunal de Cuentas.

 

La institución tiene precisamente entre sus atribuciones el control económico-financiero y patrimonial del sector público. En 2026, además, la Cámara de los Diputados ha tramitado una proposición de ley destinada a regular el funcionamiento de este órgano constitucional y reforzar el marco de sus competencias fiscalizadoras.

 

El propio Tribunal ha señalado entre sus objetivos velar por la transparencia en el uso de los fondos públicos, fortalecer la cultura de rendición de cuentas y erradicar la corrupción. También ha reconocido dificultades relacionadas con el acceso a datos y documentos de la gestión administrativa y económica.

 

Precisamente por eso, el debate sobre las declaraciones patrimoniales no puede quedar separado del fortalecimiento de esta institución. Hay que darle acceso, medios, competencias claras y capacidad efectiva de fiscalización.

 

Que pueda contrastar declaraciones. Que pueda solicitar documentación. Que pueda detectar incompatibilidades. Que pueda identificar incrementos patrimoniales que requieran explicación. Y que pueda comunicar las irregularidades a las autoridades competentes.

 

Guinea Ecuatorial dispone de un marco jurídico que reconoce la importancia de la declaración patrimonial. También cuenta con un Tribunal de Cuentas constitucional y con instrumentos legales de prevención y lucha contra la corrupción.

 

El desafío es conseguir que todas esas piezas funcionen como un sistema.

 

Porque combatir la corrupción no consiste únicamente en reaccionar cuando estalla un escándalo.