Consejo Judicial impulsa reforma y replantea uso de la prisión preventiva

En la primera reunión plenaria del año del Consejo Superior del Poder Judicial de ha analizado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que propone reorganizar la estructura judicial, crear nuevos tribunales y fortalecer las

El Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ) celebró este jueves su primera reunión plenaria del año en el Palacio de Justicia de Malabo II, bajo la presidencia de su vicepresidente, Francisco Evuy Nguema Mikue, con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial como principal asunto del orden del día.

 

En la sesión participaron, entre otros miembros, el fiscal general de la República, Anatolio Nzang Nguema; el presidente del Tribunal Constitucional, Antonio Nzambi Nlonga; el secretario del Consejo, así como vocales y consejeros.

 

Antes del inicio de los trabajos, el pleno dio la bienvenida al nuevo ministro de Justicia, Culto y Derechos Humanos, Simón Ngomo Mibuy, quien se incorporó por primera vez al Consejo tras su reciente nombramiento, después de desempeñarse como presidente de la Audiencia Provincial de Bioko Norte, Bioko Sur y Annobón.

 

Durante la reunión se presentó una propuesta de reforma destinada a reorganizar la estructura judicial del país para adecuarla a las necesidades actuales de la administración de justicia y al contexto económico nacional. Entre las principales medidas figura la creación de tribunales de lo penal en todas las cabeceras provinciales, con un tribunal por provincia, mientras que Malabo y Bata contarían con dos debido al mayor volumen de causas penales. Cada órgano estaría integrado por tres magistrados.

 

La iniciativa también contempla una nueva distribución de los juzgados de instrucción. El proyecto propone mantener un único juzgado de instrucción en cada uno de los 19 distritos del país y suprimir estos órganos en los municipios, donde permanecerían únicamente los juzgados de paz con competencias civiles. Según los debates, esta reorganización busca optimizar los recursos humanos y materiales, racionalizar el gasto público y garantizar una cobertura judicial equilibrada en todo el territorio nacional.

 

Otro de los asuntos analizados fue la posible incorporación de magistrados suplentes, una figura ya prevista en la legislación vigente. De prosperar la propuesta, estos profesionales solo serían convocados cuando un magistrado titular no pudiera ejercer sus funciones y percibirían remuneración por las sesiones en las que participasen. El Consejo continuará estudiando esta iniciativa en próximas reuniones.

 

Uno de los debates de mayor trascendencia giró en torno al uso de la prisión preventiva. Los miembros del pleno coincidieron en la necesidad de reforzar una cultura judicial más garantista y respetuosa con el derecho a la libertad, ante la preocupación por el recurso frecuente a la privación de libertad incluso en casos de menor gravedad.

 

En este contexto, el vicepresidente del Consejo, Francisco Evuy Nguema Mikue, defendió la necesidad de sensibilizar a jueces, fiscales y demás operadores de justicia sobre el impacto de las decisiones que afectan a la libertad de las personas. Como parte de esa reflexión, planteó incluso la posibilidad de que los jueces de nuevo ingreso permanezcan privados de libertad durante algunos días como parte de su formación, con el propósito de experimentar las consecuencias de perder ese derecho antes de asumir la responsabilidad de decidir sobre la libertad de otros ciudadanos.

 

La propuesta recibió el respaldo de varios integrantes del pleno, entre ellos el decano Fermín Nguema Esono, quien abogó por impulsar un cambio de mentalidad entre jueces, fiscales, policías, gendarmes y demás auxiliares de justicia, orientado hacia una actuación más garantista y respetuosa con los derechos fundamentales.

 

Asimismo, durante la sesión se planteó la conveniencia de elaborar una futura Ley Penitenciaria que permita modernizar el sistema penitenciario, reforzar las garantías de las personas privadas de libertad y completar el proceso de actualización del marco jurídico de la administración de justicia.

 

Por falta de tiempo, la reunión quedó suspendida hasta una próxima convocatoria, en la que el Consejo retomará el análisis de los asuntos pendientes. Con este primer pleno del año, el órgano reactivó los trabajos encaminados a modernizar el sistema judicial ecuatoguineano y avanzar hacia una organización más eficiente, equilibrada y adaptada a las necesidades actuales del país.