El Gobierno subraya la vigencia de la Ley de Redes Sociales ante el aumento de delitos informáticos.

La normativa, en vigor desde diciembre de 2024, busca garantizar un uso responsable de las plataformas digitales y proteger el orden público.

El Gobierno de Guinea Ecuatorial ha emitido un comunicado oficial para recordar a toda la ciudadanía la plena vigencia de la Ley Núm. 7/2024, de fecha 23 de diciembre, que regula el uso de las redes sociales, los delitos informáticos y la ciberdelincuencia en el país. La medida, aprobada para fomentar un entorno digital seguro, responde al incremento de denuncias relacionadas con la difusión de contenidos ofensivos y falsos en el ciberespacio.

 

En las últimas semanas, las autoridades, dicen haber observado con preocupación un alza en las denuncias por delitos como difamación, injurias, calumnias, suplantación de identidad y divulgación de información falsa a través de medios telemáticos. Según el comunicado oficial, "se ha constatado que algunas personas hacen un uso indebido de estas plataformas para difundir informaciones ofensivas o carentes de veracidad dirigidas contra el país, sus instituciones, autoridades y ciudadanos particulares", dice el comunicado.

 

Si bien se reconoce que las redes sociales son "una herramienta moderna que facilita la comunicación y el desarrollo de actividades profesionales y comerciales", el Gobierno subraya que su uso debe realizarse con "responsabilidad, respeto y apego a la legislación vigente". La ley, que fue debatida en comisiones parlamentarias y aprobada a finales de 2024, incluye prohibiciones específicas como el acceso de menores de 14 años sin consentimiento parental y la publicación de datos personales sin autorización expresa. Aunque en la práctica, su efectividad está más en entredicho.

 

El Ejecutivo ha reiterado que la libertad de expresión es un principio fundamental, pero que debe ejercerse "dentro del marco de la ley y con pleno respeto a los derechos de los demás". Cualquier conducta que vulnere las disposiciones de la Ley Núm. 7/2024 podrá dar lugar a "actuaciones administrativas y judiciales".

 

Por último, se exhorta a la ciudadanía a verificar la autenticidad de la información antes de compartirla, a abstenerse de difundir contenidos falsos o difamatorios y a contribuir a "fortalecer una cultura digital basada en la legalidad, el respeto mutuo y la convivencia pacífica". El Gobierno reafirma su compromiso con la protección de los derechos de los ciudadanos y la promoción de un entorno digital seguro.