31.05.2026 - 20:42h
En el discurso político y administrativo de Guinea Ecuatorial se ha instalado desde hace años una expresión que se repite hasta la saciedad: las “capas vulnerables”. Se utiliza para referirse a los pobres, a los desempleados, a las madres solteras, a las personas con discapacidad, a los ancianos sin recursos o a los jóvenes sin oportunidades. La frase parece inocente, incluso compasiva. Sin embargo, detrás de ella se esconde una visión discutible de la realidad social que merece ser cuestionada.
Nadie nace vulnerable. Un recién nacido no viene al mundo condenado a la exclusión, a la pobreza o a la dependencia. La vulnerabilidad no es una condición natural ni una característica inherente de determinadas personas. Es, en gran medida, el resultado de circunstancias económicas, sociales, políticas e institucionales que limitan las oportunidades de los individuos y los colocan en situaciones de desventaja frente al resto de la sociedad.
Cuando se habla de “capas vulnerables” como si se tratara de una categoría permanente, se corre el riesgo de convertir una consecuencia en una identidad. Se deja de analizar por qué existen personas en situación de pobreza o exclusión para concentrarse únicamente en describirlas. El lenguaje acaba normalizando una realidad que debería provocar indignación y debate público.
En un país que durante décadas ha contado con importantes ingresos procedentes del petróleo y el gas, la existencia de amplios sectores de la población con dificultades para acceder a empleos dignos, servicios sanitarios de calidad, viviendas adecuadas o sistemas eficaces de protección social no puede explicarse únicamente por la supuesta vulnerabilidad de esas personas. La pregunta fundamental no es quiénes son los vulnerables, sino qué factores los han hecho vulnerables.
La terminología también tiene implicaciones políticas. Hablar de “capas vulnerables” puede transmitir la idea de que ciertos grupos dependen inevitablemente de la ayuda del Estado o de la generosidad de quienes gobiernan. Sin embargo, la lucha contra la pobreza y la exclusión no debería plantearse como un acto de beneficencia, sino como una cuestión de derechos, justicia social y equidad.
Los ciudadanos no necesitan compasión; necesitan oportunidades.
Resulta significativo que rara vez se hable de las estructuras que producen desigualdad. Se mencionan las ayudas a las capas vulnerables, pero pocas veces se debate con la misma intensidad sobre las causas del desempleo juvenil, la precariedad de la economía informal, las dificultades de acceso al crédito para emprendedores o las deficiencias de determinados servicios públicos. El foco se pone en quienes sufren las consecuencias y no en los mecanismos que las generan.
Por ello, quizá haya llegado el momento de revisar el lenguaje. En lugar de etiquetar a las personas como vulnerables, sería más preciso hablar de ciudadanos en situación de vulnerabilidad, una expresión que reconoce que esa condición no es permanente ni inherente, sino el resultado de circunstancias concretas susceptibles de cambiar mediante políticas públicas eficaces.
Las palabras importan. No solo describen la realidad; también influyen en la manera en que la comprendemos y la afrontamos. Mientras sigamos hablando de “capas vulnerables” como si la vulnerabilidad fuera una característica natural de determinados sectores de la población, corremos el riesgo de olvidar una verdad elemental: nadie nace vulnerable. Son las condiciones sociales, económicas y políticas las que terminan haciendo vulnerables a las personas. Y si esas condiciones han sido creadas por los seres humanos, también pueden ser transformadas por ellos.



