Corrupción en estado puro: las empresas de mantenimiento, al descubierto

Facturaron más de 7.400 millones de francos CFA en 2025, pero adeudan al fisco más de 2.400 millones en impuestos y cotizaciones sociales impagadas.

Es solo un escándalo más. Y de hecho, ya se sabía. La diferencia está  sólo en que se ha empezado a poner cifras, aunque muy preliminares. Éste escenario, en el que la población ya tiene asumida que existe la corrupción y hay que convivir con ella, es tal vez, lo peor de esa lacra.

 

En Guinea todavía no hablamos del tú más, sino del ahora quién. La corrupación se ha vuelto institucional. Y quien ha podido, ha hecho de los fondos públicos un botín personal y han empobrecido al país hasta el extremo de hoy: hablamos de una crisis económica que el país arrastra desde 2014. Doce años ya. Se dice poco. Pero ante ese panorama desolador, todos hemos visto -y seguimos viendo- cómo algunos conciudadanos desfilan con un patrimonio público.

 

En lo que ataña a las empresas de mantenimiento de edificios públicos, ya se sabía: contratos asignados a dedo sin ninguna licitación, nepotismo, empresas fantasma. Ahora se está empezando a poner cifras.

 

Una investigación preliminar ha destapado un agujero millonario en las arcas públicas. Las empresas encargadas de mantener los edificios ministeriales facturaron más de 7.400 millones de francos CFA en 2025, pero adeudan al fisco más de 2.400 millones en impuestos y cotizaciones sociales impagadas.

 

Los datos se conocieron este miércoles durante la reunión que la comisión mixta creada para investigar el sector mantuvo con el Vicepresidente de la República, Nguema Obiang Mangue, en el Palacio del Pueblo.

 

La comisión ha analizado por ahora a 50 de las más de 600 compañías del ramo, y los primeros hallazgos son contundentes: ingresaron 7.498 millones de francos CFA del erario público, declararon ganancias por 3.918 millones, pero acumulan una deuda fiscal de 2.424 millones entre impuesto de sociedades, IRPF, Cuota Mínima Fiscal, cotizaciones al INSESO y al Fondo de protección del trabajador.

 

El escándalo no se limita al fraude fiscal. El informe revela una situación laboral alarmante: de los 931 trabajadores que figuran en nómina, 841 carecen de contrato y de cualquier documento que acredite una relación laboral real, lo que apunta a una posible red de empleados fantasma.

 

"Son prácticas que sangran al Estado, desprotegen al trabajador y roban recursos que deberían ir a sanidad, educación e infraestructuras", manifestó el Vicepresidente al conocer las cifras, según fuentes presentes en la reunión.

 

Nguema Obiang Mangue ha dado un plazo de una semana a los ministerios de Hacienda, Tesorería y Trabajo, junto con el INSESO, para que contrasten los datos y entreguen el informe definitivo. El mensaje ha sido tajante: las empresas devolverán hasta el último franco y se aplicará todo el peso de la ley.

 

Mientras los técnicos verifican la documentación, la comisión mixta amplía ya la lupa al resto de las 600 empresas del sector. El objetivo es claro: acabar con la impunidad de quienes viven de los contratos públicos sin cumplir con sus obligaciones, y blindar el dinero de todos los ecuatoguineanos.