21.09.2026 - 14:54h
Un nuevo y delicado capítiulo entre Gobierno y la opsición en el exilio: hace unas horas, la Fiscalía General de la República ha declarado, mediante la Resolución número 8/2026, de fecha 14 de septiembre, a la Coalición de Oposición para la Restauración de un Estado Democrático (CORED) como organización terrorista y criminal.
La decisión, según el contenido del documento leído por el Fiscal General de la República, Anatolio Nzang Nguema, no se limita a calificar a la organización. También identifica nominalmente a varios de sus dirigentes y les atribuye la preparación de acciones violentas encaminadas a alterar el orden constitucional, desestabilizar el país y provocar un cambio de gobierno mediante la fuerza.
La acusación dibuja un escenario de extrema gravedad: contactos con organizaciones armadas internacionales, búsqueda de apoyo militar, reclutamiento de combatientes, adquisición de armas y municiones y supuestos planes contra objetivos estratégicos dentro del territorio nacional.
DEL EXILIO POLÍTICO A LA ETIQUETA DE «ORGANIZACIÓN TERRORISTA»
La resolución sostiene que CORED habría dejado de comportarse como una organización política cuyo propósito sería concurrir a unas eventuales elecciones para acceder democráticamente al poder.
La tesis de la Fiscalía sostiene que la coalición se habría constituido con el propósito de provocar un cambio violento de Gobierno y atentar contra las máximas autoridades del Estado.
En ese planteamiento se encuentra el núcleo de la resolución: para el Ministerio Público, CORED no estaría utilizando exclusivamente instrumentos políticos para alcanzar sus objetivos, sino que estaría recurriendo a estructuras armadas y paramilitares.
La Fiscalía menciona supuestos contactos con grupos y dirigentes armados en distintos países africanos, incluidos Sudán, República Centroafricana, Camerún y Nigeria.
Entre las organizaciones mencionadas aparecen estructuras vinculadas al conflicto sudanés, Boko Haram, el Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger y otros grupos armados.
LOS OBJETIVOS QUE, SEGÚN LA FISCALÍA, HABRÍAN SIDO IDENTIFICADOS
El documento eleva todavía más el nivel de alarma: asegura que los presuntos planes habrían contemplado ataques contra determinados objetivos dentro de Guinea Ecuatorial.
La Fiscalía enumera mercados públicos, edificios gubernamentales, instalaciones militares y determinadas embajadas extranjeras.
De confirmarse judicialmente tales extremos, estaríamos ante acusaciones de una dimensión muy diferente a la habitual confrontación política entre Gobierno y oposición.
EL FANTASMA DE 2017 VUELVE A LA ESCENA
La resolución recupera como antecedente fundamental los acontecimientos de diciembre de 2017.
La Fiscalía vincula a miembros de CORED con aquella operación y recuerda las condenas dictadas posteriormente por tribunales ecuatoguineanos por delitos relacionados con la tentativa de incursión armada.
Aquel episodio permanece como uno de los acontecimientos más graves de la historia política reciente del país.
Ahora, casi nueve años después, la Fiscalía utiliza aquel antecedente como uno de los fundamentos para sostener que la organización habría continuado buscando vías armadas para alcanzar sus objetivos políticos.
La acusación, por tanto, no presenta los acontecimientos de 2017 como un episodio aislado, sino como el primer capítulo de una estrategia que, según su interpretación, habría continuado posteriormente.
CONTACTOS CON GRUPOS ARMADOS
La parte más extensa de la resolución está dedicada a describir los supuestos contactos internacionales.
El documento asegura que integrantes de CORED habrían establecido comunicaciones y mantenido reuniones con responsables de diferentes grupos armados, solicitando apoyo militar, combatientes y recursos para una eventual operación contra Guinea Ecuatorial.
Entre las personas citadas aparecen dirigentes militares y responsables de estructuras armadas de Sudán, República Centroafricana, Camerún y Nigeria.
La Fiscalía afirma que algunas de estas personas ya han sido condenadas anteriormente por tribunales ecuatoguineanos.
La dimensión internacional de las acusaciones constituye uno de los elementos más sensibles de la resolución, pues introduce en la disputa política ecuatoguineana a actores armados vinculados a conflictos regionales de enorme complejidad.
RECOMPENSAS MILLONARIAS POR LA REPATRIACIÓN
Pero quizá uno de los aspectos más llamativos de la resolución sea el económico.
La Fiscalía anuncia recompensas para quienes contribuyan a la repatriación a Guinea Ecuatorial de los miembros identificados.
La cantidad más elevada asciende a 1,5 millones de euros y estaría destinada a quien consiga la repatriación de Salomón Abeso Ndong, señalado como presidente de CORED y responsable de Acción Política.
Para otros dirigentes se establecen recompensas de un millón, 800.000 y 700.000 euros, según la persona.
La Fiscalía advierte, además, de que las cantidades y la lista podrían ampliarse conforme avancen las investigaciones.
Se trata de una medida excepcional por sus dimensiones económicas y por el contexto político en el que se produce.
LOS NOMBRES QUE APARECEN EN LA RESOLUCIÓN
La resolución señala, entre otros, a Salomón Abeso Ndong, Filiberto Ntutumu Mabale Andem, Pablo Andon Urbina, José Manuel Ibolo Kombe, Luis Aconcha, Hugo Douredu, Abel Inocencio Luenve Tinoco, Antonio Camilo Esono Ayong, Magno Domba, Aquilino Nguema Nchancha, Pascual Ondo Ekiri y Luis Batume.
El documento atribuye a cada uno diferentes responsabilidades dentro de la estructura de CORED y los declara miembros de la organización calificada por la Fiscalía como terrorista y criminal.



