En el marco del 40º aniversario de establecimiento del Ministerio Fiscal en Guinea Ecuatorial (1985), se ha llevado a cabo una conferencia sobre el derecho de información y de la presunción de inocencia, dirigida a los periodistas nacionales de diferentes medios de comunicación social. La charla ha sido coordinada por el Fiscal General adjunto, Cristian Joaquín Ngua, en compañía de otros fiscales, jueces y abogados.
Ngua y compañía reafirmaron su compromiso con la defensa de la legalidad y el derecho a la información veraz, como pilares de la democracia, durante este encuentro, el fiscal enfatizó la necesidad de un diálogo transparente con los medios para garantizar que el ejercicio periodístico se ajuste al marco legal.
Bajo el artículo 99 de la ley vigente, el Ministerio Fiscal tiene la obligación de “velar por el cumplimiento de la legalidad y proteger los derechos de los ciudadanos”. En este contexto, el fiscal destacó que, tras cuatro décadas de labor, la institución reconoce la importancia de colaborar con los medios para clarificar los límites legales de la libertad de información, consagrada en la Constitución (Artículo 13.1.b).
El fiscal adjunto Cristian Joaquín Ngua recordó que este derecho tiene dos facetas fundamentales: La difusión de información por parte de los medios de comunicación; y el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz por cualquier medio. “Sin prensa libre no hay democracia plena, pero este derecho no es absoluto, debe ejercerse con responsabilidad para evitar desinformación”, advirtió.
El fiscal alertó a los periodistas sobre los riesgos legales de no respetar los principios publicísticos: “Si no los cumplimos, podemos enfrentar denuncias que nos obligarán a responder ante la ley”. Además, citó el artículo 10/1 de la Ley de Prensa, que obliga al Gobierno y entidades públicas a informar sobre asuntos de interés social, pero aclaró: “Los particulares no están obligados a dar información ni a ser interrogados por la prensa”.
Sobre la presunción de inocencia (artículo 13 de la Constitución), recordó: “Todos somos inocentes hasta que un tribunal competente demuestre lo contrario”. Y señaló: en casos judiciales, solo deben publicarse hechos probados, sólo un tribunal puede romper este principio.
El fiscal cerró con un llamado a reflexionar sobre el equilibrio entre libertad, ética y ley: “Proteger la información veraz es proteger la democracia, la colaboración entre medios y justicia es esencial, pero siempre dentro de los límites de la responsabilidad legal”.
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