CASO CEIBA: El juicio sobre malversación de fondos podría tomar otro rumbo

Los testimonios de la auditoria y la gendarmería hacen que se especule que los hechos debieron ser comprobados minuciosamente antes de llevar a los supuestos responsables al juicio.

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Aun cuando Ruslan Obiang Nsue asume la responsabilidad de haber vendido el ATR de la compañía Ceiba Intercontinental, y de estar dispuesto a devolver mediante plazos los 120 mil euros restantes, pero, no se evade de los delitos de abuso de funciones, tráfico de influencia abuso de bienes de interés general, abuso de caudales públicos y de enriquecimiento ilícito. Delitos que comparte con otros de los acusados: Esono Bitegue, Cruz Nguema, Bonifacio Obiang y Alfonso Osa, donde les piden justificar de 200 millones a 500 millones XFA.

Después de tres días de declaraciones y la presentación de informes preliminares, las declaraciones de la Gendarmería y los auditores podrían dales la vuelta a la tortilla y permitir que este caso tome otro rumbo diferente a lo que se viene especulando. El director de la Gendarmería informó el jueves 22 de este mes que su atestado no era una acusación, sino que, “solo son cuestiones preliminares que se deberían haber averiguado durante el tiempo de instrucción. Cuando hemos elaborado el atestado lo remitimos a los jueces y fiscales, es para poder aclarar todo antes de llegar a la plenaria”, testificó el director de la Gendarmería, Eulogio Ndong.

En el caso concreto de Ruslán Obiang, ex DG Adj. a quien piden justificar 1.728.409.167, monto reflejado en la auditoria, los investigadores aseguran que no se auditaba a una persona, sino a la empresa, por lo que “no sabría decir si  Ruslán tuvo algo que ver”. La fiscalía insiste en que, “si se busca fondos, se tiene que cuestionar a los que tenían acceso y derecho a firma, y no a cualquiera porque también está en la oficina”. En este sentido, la gendarmería ha aclarado que a Ruslán solo le corresponde justificar que él era firmante o no.

Las declaraciones de los auditores también revelan que los montos que expresan en sus informes no son dinero en metálico, sino documentos que avalen los registros contables encontrados. En este contexto, la abogacía del Estado también cuestiona el hecho de que, si se encuentra una operación registrada y no su pieza justificativa “¿a quién deben pedir la responsabilidad, el director financiero o  la directora general? Al ser una cuestión de finanzas, esa responsabilidad se evade de la dirección general, y los directores financieros podrían ser convocados de nuevo al juicio. En el mismo paquete entra el consejo de administración quienes podrían de igual modo sentarse en el banquillo al ser el órgano superior de la empresa.

Los primeros informes de los auditores arrojaban montos hasta de 92 mil millones, después se iban bajando a 54 mil millones, 27 mil millones, 15 mil millones, 7 mil millones y a la última ya hablaban de alrededor de 4 mil millones, “lo cual me hace confirmar que, de seguir trabajando, de estar ordenada la documentación de ceiba, a día de hoy no estaríamos aquí declarando. Ellos no trabajaban juntamente con nosotros, solo nos llamaban para leer sus conclusiones finales, y todo lo que estaba en sus informes es lo que se aceptaba, nunca nos llamaron para averiguar del porqué de las cosas”, aseguran Cruz Nguema y compañía.

Además, la fiscalía afirma que “hay información que justifican, a parte de las cifras montadas por la auditoria, han aparecido otros documentos, y por falta de tiempo no se ha podido justificar todo”, y, entiende que, hablando de 38 millones que se falte en un ejercicio, “puede ser hasta los gastos de un vuelo chárter” no tomado en cuenta por los auditores.

Los acusados Aseguran que si habrían continuado la gendarmería y los auditores con la investigación, se justificaría de nuevo alrededor del 80% a 90% de lo que quedó pendiente, hay muchas piezas y pagos que los auditores pueden aceptar. Los ex directores se sienten molestos en el hecho de que, para cerrar un ejercicio económico en ceiba, se necesita como mínimo tres meses, sin embargo, los investigadores auditaron 6 años en menos de este tiempo. El lunes 26 se espera que las partes, tanto los abogados del Estado, la fiscalía y los abogados defensores presentaran sus informes finales y esperar las sentencias.

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