Como la parábola bíblica del Hijo Pródigo. El departamento de Hacienda convocó ayer a las entidades autónomas y empresas de participación del Estado a una reunión en la que les informó sobre la estrategia de hacer la vista gorda de sus continuas irregularidades en su gestión desde hace antaño. Muchas apenas cuentan con una estructura contable ni de gestión alineada con los reglamentos internos, ni mucho menos con la OHADA. En todo caso, un borrón y cuenta nueva. Como tantos que se ha hecho en la administración central sin resultado final positivo.
Pedro Obiang Eyang, actual viceministro de Hacienda, requirió en el mencionado encuentro, calificado de toma de contacto con las empresas y entidades paraestatales que, por ahora, sólo comuniquen en la mayor brevedad posible, las estructuras con las que cuentan a nivel de gobernanza (órganos de Consejo de Administración y sus administradores, los estados financieros, la dirección general, la certificación de un censor de cuentas que tenga la autorización comunitaria, las actas de reuniones estatutarias y juntas generales de accionistas, etc). Toda esa información, requerida al gobierno por la Cámara de Diputados para el próximo ejercicio económico, es vital para que el ejecutivo pueda defenderse durante el estudio de los Presupuestos Generales del Estado 2025 ante el Parlamento Bicameral. El gobierno logró la indulgencia de éstos órganos el año pasado para poder aprobar sólo un techo de gastos e ingresos para 2024 y no los mismos presupuestos en sí.
Acabar con la inoperatividad de la mayoría de entidades autónomas y empresas de participación del Estado, según el número dos de Hacienda, es el principal objetivo del ejecutivo en el intento de levantar la situación económica que atraviesa el país. El casi fracaso de muchas de ellas es más que evidente. Solo bastaría citar ejemplos como Ceiba Intercontinental, SEGESA como sólo la punta del iceberg. La pésima gestión financiera que se ha hecho de muchas de ellas obligará al ejecutivo a establecer un control estricto y trimestral de la ejecución presupuestaria para conocer en todo momento si cumplen con la ley de presupuestos en cuanto al control de gastos e ingresos se refiere. “Sólo se podrá gastar en lo estrictamente necesario, y cualquier gasto que exceda del límite, requerirá de autorizaciones especiales o, por el contrario, a la petición de responsabilidades de los administradores”, indicó Obiang Eyang.
Las entidades que sean de índole lucrativa, estarán obligadas a ingresar mensualmente al Estado el 10% de su cifra de negocio, previa verificación de la misma; mientras que, las no lucrativas, deberán contener al máximo sus gastos para no saturar al Estado. Sobre las innumerables fugas y desvío masivo e incontrolado de fondos que ha caracterizado a la mayoría de esas entidades, hasta ahora, no se conoce un plan estricto, aunque recientemente se ha creado un portal anticorrupción que funcionará a base de denuncias. La gran incógnita es quién denunciará a quién entre un contingente de corruptos que ahora están quedando expuestos por el Plan Corrupción CERO que ha adoptado el Vicepresidente de la República, Teodoro Nguema Obiang Mangue.
En el mismo encuentro, el Viceministro de la Función Pública, Reforma Administrativa y Seguridad Social, Lucas Nguema Mbulito, también exhortó a los representantes de estas entidades a que regularicen sus deudas con el Instituto de Seguridad Social (INSESO), quedando abiertos a incluir el régimen de compensación y/o un calendario de pago después de las negociaciones bilaterales y la firma previa de un reconocimiento de deuda. Además, les comunicó la obligatoriedad de dar de alta a todos sus empleados en la seguridad social.
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