El «macro juicio» relacionado con el caso SEGESA ha puesto a prueba la capacidad del sistema judicial, ya que la sala designada para el evento se ha visto desbordada por la cantidad de asistentes. Este juicio, que ha atraído una atención mediática significativa, involucra a múltiples partes y una serie de alegaciones complejas que han generado un gran interés público.
Desde este miércoles 12 de febrero al inicio del juicio, se ha observado una afluencia masiva de abogados, testigos, familiares, público en general y periodistas, lo que ha llevado a la imposibilidad de acomodar a todos los presentes en la sala principal de la Audiencia Provincial de Bioko Norte. Las autoridades judiciales no han tomado medidas para gestionar la situación, incluyendo la búsqueda de espacios alternativos y la posibilidad de dividir las sesiones en diferentes días.
Se espera que en las próximas horas se tomen decisiones clave sobre la reprogramación de las audiencias y el uso de una sala más grande como se hizo con el caso Ceiba Intercontinental o el de la Tesorería, trasladando los juicios a la sala plenaria del Ministerio de Interior para facilitar la participación de aquellos que lo deseen. Este caso no solo es crucial para las partes involucradas, sino que también tiene implicaciones más amplias en la lucha contra la corrupción y la comunidad.
En el banquillo de acusados se sientan 23 implicados, detenidos en año 2023 acusados de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, apropiación indebida de bienes, abuso de funciones, abuso de bienes de interés general, sobornos, exoneración y ponderaciones ilegales y cohecho. Después de la vista de ayer, la fiscalía pide penas de 2 a 18 años a los implicados, además de las multas económicas que también oscilan de dos millones a dos mil millones XFA, dependiendo del grado de participación de cada procesado.
