Ernesto Esono Bindang, vive en Malabo. Es economista de profesión y acaba de cumplir 33 años y, aunque lleva casi una década trabajando de manera formal como funcionario público, cree imposible que algún día pueda conseguir el sueño postergado de la vivienda propia. “Ni siquiera pensarlo. Prefiero alquilar, aunque a duras penas y rogar que en algún esa situación pueda cambiar”, dice.
El acceso a la vivienda es uno de los grandes “problemas silenciosos” que existen en el país, hasta el punto de que se ha vuelto estructural, aunque curiosamente todavía no se haya abordado a nivel del Gobierno. La situación es especialmente compleja para los jóvenes, debido a la precariedad laboral, propia de ese colectivo y al elevado precio de la vivienda, tanto de compra, como de alquiler, dificultan estrepitosamente su emancipación. Jóvenes de entre 18 y 33 años tienen acentuados problemas para poder independizarse.
En el país apenas existe la modalidad de compra, ya que el parque público de viviendas construido por el Gobierno (viviendas sociales), apenas sirvió para satisfacer la alta demanda, además de la sonada y cuestionada distribución que se hizo desde el ENPIGE y sus precios iniciales de acceso (2.500.000 XAF y 1.500.000 para las dos modalidades de pisos que se construyeron). Supusieron la primera gran barrera.
Por otro lado, la modalidad de alquiler se antoja un totum revolutum. A falta de una regulación del sector inmobiliario privado, los propietarios de pisos han encontrado la oportunidad de quitarle tajada a la desesperada demanda de la población ante la escasa oferta existente. Eso se traduce en un alza de precios cada vez más creciente; lo que dificulta o imposibilita el acceso a una vivienda en condiciones, especialmente en las dos grandes urbes de Malabo y Bata. La emancipación es prácticamente inexistente en el ámbito rural, ya que todos se sirven de la vivienda tradicional de toda la vida, traspasada de generación en generación.
Hemos acudido a la entidad encargada de gestionar el parque de vivienda pública construida por el Estado para obtener estadísticas fiables del grado de acceso de la población joven objeto de muestra en ese artículo, y para nuestro lamento, apenas se ha contestado a nuestra solicitud. Y, más allá de esos datos tan necesarios de carácter público, lo cierto es que los moradores de las principales urbes de esas ‘viviendas sociales”, apenas son propietarios de las mismas, sino inquilinos; lo que patentiza una especulación manifiesta con un bien tan necesario y de primera necesidad como es la vivienda. Muchos con recursos económicos suficientes las adquirieron con el fin de rentarlas. A día de hoy, su precio de alquiler va de cien mil a ciento cincuenta mil (incluso más, dependiendo de las reformas que el propietario haya hecho en su interior).
Sin apenas una regulación oficial, alquilar una vivienda en la capital cada vez es “un ojo de la cara”. Los propietarios de pisos, comúnmente tasan una vivienda de un cuarto y un comedor (material permanente) a cincuenta mil francos, y de dos a cien mil, aunque esos precios muchas veces están al alza hasta que la primera modalidad se tarifa al precio de la segunda.
Esas tarifas, comparadas con el rango de salarios de la Administración Pública y, teniendo en cuenta los altos índices inflacionarios que caracterizan a la ciudad de Malabo, nada se sostiene. Es prácticamente difícil afrontar el alquiler; y si se le suma la gran tasa de paro juvenil, se convierten en la ‘generación sin hogar’. La situación descrita está siendo normalizada. Poco o nada se hace de parte de las administraciones competentes.
El modelo de casarse, comprar o construir una casa, o vivir de alquiler propio en condiciones, tener cuatro hijos y vivir toda la vida en la misma propiedad es parte de un sueño que viven actualmente los jóvenes ecuatoguineanos de edades comprendidas entre los 18 y 33 años.
