El Gobierno, en su plan titánico de revertir la actual situación de crisis económica en la que lleva arrumbando el país desde hace más de diez años, se ha acordado de los impuestos. De la necesidad y deber de recaudar. Se hacía, pero existía una cierta desidia que se tradujo en un paraíso fiscal o más bien se cultivó en grandes cotas la evasión fiscal. Lo que constituye un delito, aunque el boom petrolero actuó de venda para darse cuenta de los miles de millones que desechaba el Estado. “Nosotros, directa o indirectamente, hemos convertido a Guinea Ecuatorial en un paraíso fiscal”, dijo Mohaba Mesu, actual Viceprimer Ministro Primer, encargado del sector comercio en un encuentro con operadores económicos el 10 de diciembre de 2024. Una entonación de ‘mea culpa’.
“Impuestos bajos, pero que todos paguen”, así se vende la reforma de la nueva Ley Tributaria que en su gran medida se ha reformado a la baja, notoriamente en impuestos como el de sociedades y sobre beneficios de negocios, que bajan un 10%. La renta de capital mobiliario que baja un 15%, pero ahora también se cobrarán impuestos como el de a beneficiarios de premios de juegos de azar o entretenimiento en un 15%. Pero la gran pregunta es ¿cuál es la conciencia social que tiene la población en el pago de impuestos?, en una sociedad en la que se ha cultivado el mito de no pagarlos. La mayoría de negocios minoristas apenas eran legales al no estar registrados. Ahora están obligados.
Por si fuera poco, la política fiscal basada en la voracidad recaudatoria (la concepción social actual) no hace más que perjudicar a los que tienen menores rentas. Las personas físicas (la mayoría), apenas llegan a fin de mes. Y en un contexto en el que muchos negocios se están cerrando por falta de actividad, y los que persisten funambulean con despidos a empleados y con la tímida esperanza de poder remontar, el pago de impuestos se vuelve una inquisición. Con ese panorama tan desolador, el Gobierno debe hacer algo más que un ejercicio de pedagogía para equilibrar entre recaudar y garantizar el estado de bienestar que preconiza.
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