Después de una audiencia en la vicepresidencia de la República, Nguema Obiang ha anunciado que se auditará a la empresa GECOMSA, para conocer el motivo de su quiebra. La decisión se ha tomado tras analizar el informe preliminar que se ha hecho a la operadora paraestatal de telecomunicaciones.
Antes de llegar a la auditoría, la Junta Directiva de la empresa ha dado avances de lo que supuestamente llevó a la empresa a tal punto de cerrar sus oficinas. Según la directora de la telefónica, María Jesús, del 2013 al 2020 el Estado, socio único de la empresa, adquirió una deuda de 12.244 millones de francos en servicios, mas la deuda que la propia empresa contrajo con Ortel y ITGE, sumada a la tecnología obsoleta de su sistema, obligaron al cierre de sus puertas. Ha reportado el gabinete de prensa de la vicepresidencia de la República.
María Jesús explica que los pagos que recibían del Estado eran bajo el sistema compensatorio, y los ingresos comerciales tampoco llegaban para poder sufragar los gastos de mantenimiento del sistema, ni permitían obtener beneficios. Por lo que, la junta directiva tomó la decisión de buscar inversión externa para levantar la empresa, pagar sus deudas y volver al mercado.
Al inicio de la empresa GECOMSA el 51 % de las acciones le pertenecían al Estado, mientras la empresa ICTE tenía el 41%; debido al abandono de la empresa ICTE el 18 de abril de 2023 mediante decreto, se declara socio único de la empresa al Estado cuya parte era de utilidad castrense. Por esta razón, el Encargado de Defensa y Seguridad, Nguema Obiang Mangue sostiene que el Consejo de Administración no debió negociar partenariados con ninguna empresa sin la supervisión y la conformidad del Estado.
A partir de esta fecha, según decisiones del vicepresidente de la república, GECOMSA quedará bajo la tutela de GETESA, mientras se realiza los trabajos de auditoria que ayudarán a decidir el futuro de la telefonía estatal. Al margen de esta medida, el miembro del gobierno también ha propuesto que se haga un inventario de la empresa, para la correcta toma de decisión después del informe que la comisión le presentará en dos semanas.
De acuerdo a los resultados de la auditoría y el inventario de la empresa, en los próximos días el Estado podría decidir entre vender a la empresa a través de una licitación internacional o recuperarla para los mismos servicios pero con un sistema más actualizado.
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