El poder judicial alza la voz para exponer la situación de poca independencia del poder judicial y la profesión jurídica, donde jueces y magistrados son víctimas de detenciones arbitrarias en el ejercicio de sus actividades profesionales por la policía y la gendarmería nacional, violando así la inmunidad judicial de los jueces que contempla la ley orgánica del poder judicial nacional.
La preocupante situación que, según la administración de justicia, se viene registrando en los últimos dos años, ha sido presentada en una plenaria extraordinaria mantenida este lunes 23 de septiembre en Malabo, encabezada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Evuy Nguema Mikue.
Los jueces y magistrados denuncian constantemente detenciones y convocatorias arbitrarias por parte de los efectivos de la policía y la gendarmería nacional, “orquestados por altas personalidades” que no respetan los procedimientos y veredictos que contemplan las leyes vigentes como la ley orgánica del poder judicial en sus artículos 195 y 196, como órgano regulador de la conducta disciplinaria de los jueces y magistrados en Guinea Ecuatorial.
El descontento del poder judicial presentado en plenaria surge de la última detención y puesto a interrogatorio por los efectivos de la gendarmería nacional al juez de instrucción N.º 3 de Malabo. Justicia envía un recado a la policía y a la gendarmería a revisar el artículo 196 de la mencionada Ley orgánica que expresa que “dentro de la plaza de su jurisdicción, los jueces y magistrados no podrán ser citados y convocados por alguna autoridad civil o militar”.
De acuerdo al reporte del gabinete de prensa de la Corte, Evuy Nguema Mikue ha mostrado su preocupación por el principio de separación de los poderes del Estado y la efectividad que se requiere de la administración de justicia en el país, señalando que “un juez o magistrado en servicio activo solo puede ser detenido por orden de otro juez competente en caso de un delito, según el articulo 195 de la Ley orgánica del poder judicial”.
En la misma reunión se ha analizado el expediente de instrucción disciplinario contra un juez de Bata. Se ha creado una comisión especial compuesta de veteranos para investigar y analizar con profundidad todos estos casos, para mejorar las relaciones entre el poder judicial con el resto de los órganos del Estado. La comisión tiene 7 días para investigar para la toma de decisiones.
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