La administración pública es un componente crucial en la estructura de cualquier sociedad moderna, ya que se encarga de implementar políticas, gestionar recursos y garantizar el bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, enfrenta desafíos significativos que requieren atención urgente, desde la corrupción hasta la ineficiencia en la prestación de servicios. Conscientes de esta realidad, el Parlamento Nacional con la perpetua voluntad de implementar el desarrollo sostenible en la República de Guinea Ecuatorial, ha dispuesto la Ley Núm. 2/2.014, de fecha 28 de Julio, sobre Funcionarios Civiles del Estado. A través de esta Ley, el ejecutivo debe trabajar con las universidades de nuestro país y demás centros de formación profesional para diseñar a funcionarios modelos y capaces de hacer frente a un mundo cada vez más dinámico. Las universidades y los centros de formación profesional juegan un papel fundamental en la mejora de la administración pública, no solo a través de la formación de profesionales capacitados, sino también mediante la investigación, la colaboración y la promoción de la innovación.
¿Qué dice la Ley?
En materia de colaboración interinstitucional, el artículo 55 de la Ley Núm. 2/2.014, de fecha 28 de Julio, sobre Funcionarios Civiles del Estado, determina que “los Departamentos Ministeriales en colaboración con las Universidades y otros Centros de Función, organizarán cursos de perfeccionamiento para los diferentes cuerpos y especialidades, los cuales darán lugar en la expedición de diplomas y certificados correspondientes. Estos Diplomas y Certificados serán incorporados en los expedientes del personal, para los efectos de promoción”
En este contexto, le compete al ministerio de la función pública y reforma administrativa en colaboración con otros ministerios, la elaboración de un plan que diagnostique las deficiencias que sufre la administración pública de Guinea Ecuatorial, para más tarde, plantear a las autoridades universitarias y directivos de otros centros de formación profesional, la necesidad de reforzar a sus funcionarios en los campos correspondientes. Esta iniciativa, a parte de contribuir en el desarrollo y actualización de la administración pública, dota de dinamismo a la universidad y demás centros de enseñanza profesional, contribuyendo de esta manera también al crecimiento personal de los funcionarios.
En esta misma línea, el artículo 56.1., sostiene que los funcionarios podrán obtener diplomas acreditativos en determinadas funciones, ramas y disciplinas de la Administración, los cuales habilitarán a sus titulares para ocupar plazas que requieren dichos conocimientos. Para la obtención de esos diplomas, el Ministerio de la Función Pública y Reforma Administrativa propondrá a las Universidades y otros centros de formaciones cursos especiales al efecto. El apartado 2 del citado artículo, sigue precisando que, “la Universidades y demás Centros de Formación organizarán para los funcionarios de todos los cuerpos, cursos sobre materias directamente relacionadas con la función de la Administración Pública”
Análisis y reflexión…
El contenido de este artículo, no descarta la función que desempeña la INAP que fue creada por el decreto número 129/2014 de fecha 17 de octubre, con el objetivo de servir como instrumento al Gobierno en materia de formación, reciclaje y capacitación a los funcionarios. Sin embargo, si la Ley otorga a la universidad y otros centros de formación que tienen una actividad constante durante el año, la facultad de formar, capacitar y reciclar a los empleados públicos, la creación de otra institución de análoga actividad, desde el punto de vista analítico, es insostenible, la reducción de instituciones con la misma finalidad también podría contribuir a la mejora de la economía nacional.
En la República de Guinea Ecuatorial, en área de enseñanza superior pública, destaca la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial en su anagrama UNGE, el Centro de Formación Profesional Ocupacional 12 de Octubre y San José Obrero respectivamente, estas tres instituciones públicas deben liderar la acción de formación y capacitación a los empleados públicos, sobre todo, la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, dado que las dos mencionadas escuelas son técnicas.
La UNGE debe incluir en sus presupuestos anuales un plan adicional de formación a los funcionarios. La implementación de programas como manejo y análisis de datos, el manejo de programas informáticos básicos como el paquete office, un curso sobre derecho Administrativo, la ética profesional, gestión de proyectos, etc., no debe esperar la iniciativa del Ministerio de la Función pública, sino que, la UNGE como la institución académica madre también puede tener iniciativas de entablar conversaciones con los actores políticos y que por unanimidad sientan las bases para una administración pública segura, eficaz y eficiente.
A través de los medios informativos nacionales, se ha sabido que existe un plan de digitalizar la administración, y es evidente que en la era digital que estamos viviendo, la innovación y la tecnología son esenciales para mejorar la administración. Por eso las universidades, como centros de conocimiento, son fundamentales en el desarrollo y la difusión de estas nuevas tecnologías que pueden ser aplicadas en el sector público. Desde sistemas de gestión de datos hasta plataformas de participación ciudadana, la investigación y el desarrollo realizados en las universidades pueden transformar la forma en que los gobiernos interactúan con los ciudadanos y gestionan los recursos. Un plan de digitalizar la administración debe ser planteado a la Nacional de Guinea Ecuatorial para que a través de sus investigadores desarrollen políticas de implementación viables.
Síntesis…
La administración pública es un campo en constante evolución, y los profesionales que trabajan en este sector deben estar actualizados con las últimas tendencias, herramientas y técnicas. La Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial debe contribuir a este proceso a través de programas de educación continua y capacitación para empleados públicos. Estos programas pueden estar diseñados para abordar temas específicos, como la gestión del cambio, la innovación en el sector público o el uso de nuevas tecnologías o lucha contra la corrupción. Puede igualmente ofrecer talleres, seminarios y conferencias que reúnan a expertos en administración pública, académicos y funcionarios gubernamentales. Estas actividades no solo fomentan el aprendizaje, sino que también crean redes de colaboración que pueden ser beneficiosas para el desarrollo de políticas y la resolución de problemas en la administración pública.
En un mundo cada vez más complejo, la colaboración entre universidades y gobiernos es esencial para enfrentar los desafíos que enfrenta la administración pública y para garantizar que sirva efectivamente a la ciudadanía. La inversión en educación superior y en la investigación no solo beneficia a las universidades, sino que también fortalece el tejido social y democrático de nuestras naciones.
En esta línea, se debe felicitar la iniciativa del ministerio de Minas e Hidrocarburos por la iniciativa de implementar un curso de inglés para sus funcionarios, aunque no se sabe con exactitud la institución académica responsable de ello, desde una perspectiva, se considera que la lengua inglesa es imprescindible para una entidad que tiene la tendencia de tratar en todo momento con otros estados. Este curso debería ejecutarlo la UNGE porque ya tiene implementado un Departamento de lenguas extranjeras.
Se presume la buena fe del trabajo realizado tanto por la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial como la administración pública de nuestro país.
NB: un o varios expertos en Derecho Administrativo podrán reorientar el contenido del presente artículo para su mejor aprovechamiento.
